Fundamentos Jurídicos

Actualmente, Chile no cuenta con una ley y política nacional que proteja y regule el manejo de los árboles en nuestras ciudades. Sin embargo, existen diversos cuerpos legales que abordan de manera inorgánica algunos aspectos que tienen relación con los árboles. 

Los árboles y las áreas son considerados jurídicamente como mero ornamento:

El árbol ha tenido históricamente una presencia más bien discreta en las ciudades chilenas, y junto a los espacios verdes han sido tratados por largo tiempo y hasta la actualidad con fines meramente estéticos.

De acuerdo a la normativa vigente, por ejemplo, en la Ley de Bosques del año 1931, se plantea en su artículo 12 que “Por razones de higienización y hermoseamiento las Municipalidades deberán establecer plantaciones lineales y grupos arbolados dentro o colindantes con los centros urbanos”. Del mismo modo, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, en sus artículos 134° y 3.2.11., respectivamente, se refieren a los proyectos de áreas verdes como “plantaciones y obras de ornato”. Mientras que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo tercero, señala que es función privativa de las Municipalidades “El aseo y ornato de la comuna” y conforme a su artículo 15, señala que éstas deben disponer de una unidad municipal para aquello.

Vale decir, el verde urbano sigue siendo considerado en la jurisprudencia nacional como mero adorno, aderezo, ornamentación, sin relevar su importancia como proveedor de bienestar para el ser humano y la biodiversidad.

La gestión del Arbolado Urbano recae mayoritariamente en las Municipalidades:

De acuerdo al actual marco jurídico nacional, la gestión del arbolado urbano recae mayoritariamente en las Municipalidades.

La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 5 letra c), señala que dentro de las atribuciones esenciales de esa entidad pública está la administración de los bienes municipales y nacionales de uso público. A su turno, el Código Civil chileno, en su libro segundo, establece que los árboles corresponden a bienes inmuebles mientras adhieran al suelo por sus raíces, y son de dominio público cuando éstos están ubicados en bienes nacionales de uso público.

En consecuencia, las Municipalidades son por ley la autoridad competente en administrar y gestionar el arbolado urbano en Chile. No obstante, en los hechos, ha quedado demostrado que la falta de una normativa marco que regule la gestión del patrimonio arbóreo ha empujado a que las administraciones edilicias no se hagan cargo adecuadamente de esta responsabilidad legal, prefiriendo invertir recursos en otros menesteres de mayor prioridad.

La ambigua definición de “Área verde”:

En términos urbanísticos, la definición del vocablo “Área Verde” se encuentra contenida en el artículo 1.1.2. del Decreto N° 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones:

“Área verde”: superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios.

De acuerdo a esta definición, prácticamente cualquier tipo de terreno calificaría como área verde, por ejemplo, una cancha de fútbol, un sitio eriazo con un par de plantas, una calle pavimentada o hasta un pastelón de cemento.

Tomando en cuenta que las áreas verdes son los espacios públicos de mayor potencialidad para arborizar dentro de las ciudades, se requiere de una definición que asegure en términos efectivos contar con áreas verdes que sean “verdes”, y no lugares eriazos o donde predomine el cemento.